“Hacemos un llamamiento a la movilización para responder en la calle lo que es un ataque a los derechos laborales de los trabajadores”. El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, se mostró esta tarde así de explícito a la hora de valorar el contenido de la reforma laboral aprobada y presentada horas antes por el Consejo de Ministros.
En una rueda de prensa de alcance en el Congreso de los Diputados, Lara respondió a las explicaciones dadas por la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, y aseguró que “no es verdad” que el texto elaborado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy vaya a generar más empleo, al contrario, “hace el despido más fácil y más barato, legaliza el trabajo precario, acaba con la negociación colectiva y convierte a los parados con prestación en voluntarios forzados”.
“No nos gusta ni la música ni la letra de esta reforma”, dijo gráficamente y parafraseó con ironía después una de las grandilocuentes frases empleadas por la vicepresidenta del Ejecutivo de la derecha, Soraya Sáenz de Santamaría, al afirmar que “efectivamente, tiene razón cuando dice que va a haber un ‘antes y un después’ con esta reforma, “el antes ya lo conocemos y el después quieren que sea lesionar aún más los derechos de los trabajadores y trabajadoras”.
Lara considera necesario convencer al Gobierno del PP para que “dé marcha atrás a lo que ha propuesto” y la forma de hacerlo es lograr una movilización ciudadana “junto a organizaciones sociales y sindicales para parar entre todos este nuevo entuerto”.
Interrogado sobre si estas palabras suponen la convocatoria de una huelga general, el máximo responsable de IU aclaró taxativo que esto “sólo le corresponde hacerlo a los sindicatos” y tiró de nuevo de ironía para recordar que “bueno, y ahora también al presidente del Gobierno”, en clara alusión al comentario realizado por Rajoy hace una semana en la última cumbre de la UE en Bruselas, cuando una cámara captó cómo explicaba a su homólogo finlandés que la reforma que preparaba le costaría una huelga.
El también presidente del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA reconoció su poca confianza en que se puedan producir -“aunque lo vamos a intentar”- cambios sustanciales en el texto de la reforma. Señaló que puede que no vayan más allá de “alteraciones puntuales” debido al entendimiento que el PP desea con los nacionalistas conservadores de CiU, de ahí que “haya que conquistar con la movilización en la calle la marcha atrás que debe dar el Gobierno”.
Cayo Lara entró en una explicación más detallada de algunos aspectos concretos del texto presentado y dijo que “estamos en una situación de pérdida de los derechos de los trabajadores. En peores situaciones económicas en nuestro país no se han tomado medidas tan duras como éstas. Tampoco hay razones económicas en las cifras del PIB como para atacar así las garantías laborales”.
El plan del Gobierno Rajoy “trata de enfrentar a los parados con los trabajadores, como si unos les debieran algo a los otros; hace el despido más barato y más fácil para que algunas empresas, incluso sin pérdidas, puedan despedir más”, dijo.
Apostilló la falta de necesidad de esta reforma e indicó que “pero se cree alguien que uno, cien o un millón de empresarios están preocupados cuando montan un negocio en cuánto les va a costar despedir a los trabajadores ahora o dentro de 20 años. Lo que les interesa es saber si van a poder vender su producto o servicio, en ejercer su actividad y en si van a tener crédito para sacarlos adelante”.
Lara detalló que la propuesta del Gobierno concreta “las razones objetivas del despido procedente”, lo que implica que “cualquier empresa, aunque no tenga pérdidas reales, puede despedir a los trabajadores”.
Igual de grave opinó que es que la eliminación de la autorización administrativa para llevar a cabo los expedientes de regulación de empleo ERE y que las indemnizaciones por despido improcedente pasen de 45 a 33 días por año trabajado. “Esto es de una gravedad importantísima”, destacó.
Respecto a la legalización de los miniempleos, valoró que “abre más la puerta al ‘mercado negro’ laboral”, facilitando a los empresarios que los empresarios paguen a sus asalariados una parte de la jornada laboral de forma legal y el resto, en ‘negro’.
Cayo Lara advirtió también que la reforma deja fuera de la negociación colectiva a “más del 85% de los trabajadores que están en las pequeñas y medianas empresas, donde en un porcentaje altísimo no hay representación sindical, por lo que quedan en manos de lo que se decida en cada empresa o cada lugar. Los trabajadores quedan más indefensos ante la propia empresa”.
El coordinador federal de IU criticó, además, que estos cambios suponen también “privatizar aún más el servicio público de empleo, en lugar de dedicar más inversión y más recursos para potenciarlo”.
Lara comentó que el PP pretende, además, convertir a los parados de larga duración en “voluntarios forzados, en la línea de lo que propugna la alcaldesa de Madrid, Ana Botella”. Además, indicó que difícilmente puede defenderse que aumenta el periodo de formación en la propia empresa cuando se habla sólo de que se dediquen sólo 20 horas al año.
A finales de 2008, los efectos de la crisis en la economía islandesa son devastadores. En octubre se nacionaliza Landsbanki, principal banco del país. El gobierno británico congela todos los activos de su subsidiaria IceSave, con 300.000 clientes británicos y 910 millones de euros invertidos por administraciones locales y entidades públicas del Reino Unido. A Landsbanki le seguirán los otros dos bancos principales, el Kaupthing el Glitnir. Sus principales clientes están en ese país y en Holanda, clientes a los que sus estados tienen que reembolsar sus ahorros con 3.700 millones de euros de dinero público. Por entonces, el conjunto de las deudas bancarias de Islandia equivale a varias veces su PIB. Por otro lado, la moneda se desploma y la bolsa suspende su actividad tras un hundimiento del 76%. El país está en bancarrota. 
